La fianza del alquiler: cuánto pueden pedirle y cómo recuperarla

En un alquiler de vivienda, la fianza obligatoria es de una mensualidad de renta; en los arrendamientos para uso distinto de vivienda, de dos (artículo 36.1 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos). Y transcurrido un mes desde la entrega de las llaves sin que se la devuelvan, el saldo devenga el interés legal (artículo 36.4 de la misma ley).

Este artículo contiene información general, no asesoramiento jurídico. Lo que se aplica a su caso depende de sus circunstancias concretas.

Cuánto pueden pedirle

Una mensualidad en vivienda, dos en uso distinto de vivienda. Los alquileres de temporada cuentan como uso distinto de vivienda, así que llevan dos mensualidades (artículo 36.1 de la Ley 29/1994; confirmado por el Ministerio de Vivienda). Además de la fianza, las partes pueden pactar garantías adicionales, pero en vivienda, en contratos de hasta cinco años (siete si el arrendador es persona jurídica), esas garantías no pueden superar dos mensualidades más (artículo 36.5 de la misma ley).

Dónde se deposita

Muchas comunidades autónomas obligan al arrendador a depositar la fianza en un organismo público regional mientras dura el contrato (disposición adicional tercera de la Ley 29/1994). El organismo, y si existe o no la obligación, varía por comunidad; el Ministerio de Vivienda publica la lista.

Cómo y cuándo se devuelve

Al final del contrato, el arrendador debe devolverle el saldo de la fianza, es decir, lo que quede tras descontar, de forma justificada, cantidades como rentas pendientes. Si transcurre un mes desde la entrega de las llaves sin devolución, ese saldo devenga el interés legal (artículo 36.4 de la Ley 29/1994; en el mismo sentido, Comunidad de Madrid). Conserve el contrato, los justificantes de pago y fotografías del estado de la vivienda a la entrada y a la salida: son la prueba que decide estas discusiones.

Un matiz sobre contratos antiguos

Las reglas descritas corresponden a la redacción vigente de la ley, aplicable a los contratos celebrados desde el 6 de marzo de 2019 (Real Decreto-ley 7/2019, según el texto consolidado de la LAU). Los contratos anteriores se rigen por el régimen que estaba en vigor cuando se firmaron.

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